Fiscalidad y fraude

Que el fraude fiscal es algo habitual allá donde existen regimenes fiscales, es algo que ni los enanitos de Blancanieves se atreven a poner en duda. Otra cosa es cual sea el nivel de fraude según donde.
A mi entender, el citado nivel está en función de los controles que “a priori” o “a posteriori” establecen los organismos reguladores, y de la eficacia de los mismos.
Por ejemplo, queda claro que el IRPF (impuesto de la renta de las personas físicas) tiene escaso margen para el fraude. Se efectúa retención en la fuente antes del devengo del salario, en función de una tarifa, y luego se realiza un recálculo anual en función de otras rentas o desgravaciones.
No así en otros impuestos como el IVA (impuesto sobre el valor añadido) o el IS (impuesto de sociedades), cuyo fraude resulta más difícil de detectar, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, puesto que suele producirse en cascada y tiene además un componente de “valor añadido” cuyo control añade complejidad, más si quienes tienen que detectarlo no cuentan con los medios o la “motivación” suficientes.
Así pues sabemos por estimaciones de dentro y fuera de nuestro territorio (UE, OCDE) que el fraude fiscal es de media en nuestro país (o nación) casi el doble que en otros como Alemania o Francia, con los que nos gusta compararnos.
Eso quiere decir que “alguien” está pagando más de lo que le tocaría si el fraude no existiera o tuviera una dimensión más ajustada al nivel de desarrollo democrático de la sociedad en la que se desenvuelve.
Y es precisamente a ese “alguien” a quien la administración del estado (tercera forma de nombrarlo en pocas líneas) le pide que no defraude. Que no tema nadie: no puede. Bueno, sí; probablemente si en algún momento tiene la oportunidad de elegir entre que la factura del fontanero tenga o no tenga IVA, mirará a su alrededor para ver si hay alguien que le oiga, y dirá “bueno, pues sin IVA”.
Y también quiere decir que la administración (cuarto nombre para lo mismo), cuando paga las pensiones, no paga lo que dice que paga. Porque aplica el IRPF (antes denominado Impuesto de Rendimiento del Trabajo Personal), al que precisamente se le cambió el nombre para aplicarlo sin complejos a estas rentas. Que son los mismos del párrafo anterior.

¿Y QUÉ…?
Pues que ya va siendo hora de que los poderes públicos (y van cinco) asuman su responsabilidad y apliquen justicia al menos en lo relativo a la pela.
1.- una normativa más rigurosa para evitar el fraude de IVA e IS
2.- sanciones disuasorias para todo aquel que participe en el fraude (el ser humano, o tiene un alto nivel ético y de responsabilidad o poco conoce más allá de palo). Porque si el fraude es del 20% (o más), si no hubiera fraude se podría rebajar el impuesto para todos. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir rigor y el gobierno (seis…) la obligación de poner los medios.
3.- eliminar el IRPF de las pensiones del estado, que sepa cada uno lo que realmente cobra.
4.- iniciar un proceso rápido de capitalización de las cotizaciones de la SS para futuras pensiones. No podemos estar siempre bajo la amenaza de escasez de fondos en horizontes próximos
5.- establecer un tipo “único” para los impuestos. No es lógico que el trabajo pague más que el capital o las sociedades.
6.- eliminar la llamada “progresividad” en el IRPF, que grava el trabajo. ¿Qué no es suficiente progresividad que el 20% de 100 sea el doble que el 20% de 200?

Y ya que estamos, ¿por qué el tabaco y el alcohol son mucho más baratos aquí que en el resto de Europa? ¿A quién estamos beneficiando?; y ¿por qué con los combustibles pasa otro tanto?... ¿que acaso somos nosotros productores de petróleo? Vayan pues entonces al Reino Unido o a Noruega, que si son productores, llenen el depósito y verán.

Ahora es un buen momento, ahora que los empresarios que creen en el mercado están pidiendo un paréntesis en sus creencias, para que venga papá estado a rescatarlos de la situación en la que se han puesto a causa de su desmedida avaricia.

¡INTERVENGA PUES EL ESTADO! Que ahora ya no es una conducta de izquierdas.